Resumen
La Contraloría General de la República analizó si una funcionaria pública tenía derecho a las dos cuotas del bono de escolaridad establecido en el artículo 13 de la ley N° 20.559, para lo cual era necesario que su hija, de entre cuatro y veinticuatro años y carga familiar reconocida, cursara estudios regulares en establecimientos del Estado o reconocidos por éste. El organismo recordó que el bono es un beneficio de seguridad social y que los requisitos legales deben cumplirse en la época en que debe comenzar a pagarse, esto es, en marzo de 2012, citando la jurisprudencia administrativa de sus dictámenes N° 55.178, de 2008, y N° 40.883, de 2011. Constató que a esa fecha la hija estudiaba en el extranjero y no cumplía los requisitos, aunque después retomó sus estudios en Chile en un establecimiento que sí cumple la normativa. Concluyó que la funcionaria no tiene derecho al pago de la segunda cuota del bono de escolaridad.