El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituc…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019
Resumen
El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por una institución que colabora con el bien común, en contra de normas del Código del Trabajo, de la Ley N° 19.886 y de la Ley N° 21.125 que establecen la inhabilidad para contratar con el Estado tras una condena por tutela laboral. La requirente sostenía que, dadas sus especiales circunstancias y su rol de proveedor y contratante del Estado al servicio de la comunidad escolar, la aplicación de la inhabilidad resultaba desproporcionada y perjudicaba al Estado y a la comunidad. El tribunal rechazó la acción, razonando que la inaplicabilidad solo podría plantearse una vez resuelto el recurso y en la etapa de ejecución de una sentencia ejecutoriada, y que las características invocadas no bastan para estimar desproporcionada la inhabilidad ni para justificar su no aplicación en el caso concreto. La decisión se adoptó con el voto disidente de un ministro, quien estimó que no era razonable configurar una situación que llevara a los tribunales superiores a pronunciarse sobre un asunto ajeno a su esfera de conocimiento.
Normas citadas
artículo 495, inciso 3, de Código del Trabajo
Tribunal ConstitucionalINACompras públicasPrincipio non bis in ídemPrincipio protector del trabajoSanciones AdministrativasPrincipio de proporcionalidad de la sanción administrativa
Preguntas frecuentes
¿Se puede pedir la inaplicabilidad de la inhabilidad para contratar con el Estado por una condena de tutela laboral antes de que la sentencia esté ejecutoriada?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento porque la inaplicabilidad solo puede plantearse una vez resuelto el recurso y en la etapa de ejecución de una sentencia ejecutoriada.
¿Bastan las especiales circunstancias de una institución que colabora con el bien común para que no se le aplique la inhabilidad para contratar con el Estado?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que las características invocadas no bastan para estimar desproporcionada la inhabilidad ni para justificar su no aplicación en el caso concreto.
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