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La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección interpuesto por un…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2023

Resumen

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección interpuesto por una funcionaria pública contra el Ministerio del Medio Ambiente y la Contraloría General de la República, por su rebaja del grado 5 al grado 7 en la escala de remuneraciones. La recurrente alegaba que mantenía su grado desde 2017 y que el cambio vulneraba sus garantías y el principio de confianza legítima. La Corte consideró que el rebaje estaba legalmente justificado por el cambio en las funciones desempeñadas, y que la asimilación a otro escalafón era procedente según la normativa administrativa, al corresponder las labores a un grado inferior. El fallo concluyó que el acto administrativo contenía la motivación requerida y no afectó la buena fe de la funcionaria, rechazando el recurso sin costas.

Normas citadas

  • Artículo 19, numerales 1, 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República
  • Artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880
  • Artículo 46 de la Ley N° 19.880
  • Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Recurso de Protección
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Preguntas frecuentes

¿Puede un funcionario público ser rebajado de grado en la escala de remuneraciones si cambian sus funciones?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago sostuvo que la rebaja de grado estaba legalmente justificada por el cambio en las funciones desempeñadas, al corresponder las labores a un grado inferior. Por eso rechazó el recurso de protección.

¿El principio de confianza legítima impide rebajar el grado de un funcionario que lo mantenía desde hace años?

La Corte consideró que el acto administrativo contenía la motivación requerida y no afectó la buena fe de la funcionaria. Por lo tanto, en este caso, la antigüedad en el grado no impidió la rebaja.

¿Qué debe cumplir un acto administrativo que rebaja el grado de un funcionario público para ser válido?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago estimó que el acto contenía la motivación requerida y que la asimilación a otro escalafón era procedente según la normativa administrativa. Con ello rechazó el recurso, sin costas.

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