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La Corte Suprema rechazó el recurso de protección interpuesto por una trabajadora en co…

Sentencia · Corte Suprema · 2024

Resumen

La Corte Suprema rechazó el recurso de protección interpuesto por una trabajadora en contra del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), que impugnaba la resolución que rebajó su contrata de grado 11° a grado 12° de forma retroactiva. La recurrente alegaba que la medida carecía de fundamentación y no respetaba el procedimiento de la Ley N° 18.834. La Corte consideró que, si bien la resolución presentaba deficiencias, ello no constituía una vulneración de garantías constitucionales, pues la administración tiene facultades para modificar condiciones contractuales de funcionarios a contrata. Además, la rebaja no ponía término al vínculo laboral, sino que ajustaba el perfil y funciones a un cargo que ya no subsistía, y la ejecución anticipada de la resolución no era extraña a la práctica habitual de la institución.

Normas citadas

  • Artículo 19 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 10 de la Ley N° 18.834
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Preguntas frecuentes

¿Puede la administración rebajar retroactivamente el grado de un funcionario a contrata sin que ello constituya una vulneración de garantías constitucionales?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que, aunque la resolución presentaba deficiencias, no vulneró garantías constitucionales, porque la administración tiene facultades para modificar condiciones contractuales de funcionarios a contrata. Por eso rechazó el recurso de protección.

¿Constituye una rebaja de grado de un funcionario a contrata un término del vínculo laboral?

En este caso, la Corte Suprema estimó que la rebaja no puso término al vínculo laboral, sino que ajustó el perfil y las funciones a un cargo que ya no subsistía. La medida se consideró un ajuste de condiciones y no un despido.

¿Es válido que una resolución que rebaja el grado de un funcionario a contrata se ejecute antes de su notificación o de la tramitación completa?

La Corte Suprema, en este caso, consideró que la ejecución anticipada de la resolución no era extraña a la práctica habitual de la institución. Con ello, no le atribuyó por sí misma una ilegalidad que justificara acoger la protección.

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