Administrativo

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la procedencia de la actuació…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2014

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la procedencia de la actuación del Servicio Médico Legal en el reclamo de una persona a la que se le negó la renovación de su licencia de conductor por falta de aptitud física. Constató que la interesada fue evaluada en más de dos ocasiones por el gabinete sicotécnico municipal y que, a su requerimiento, el Servicio Médico Legal realizó dos evaluaciones adicionales que concluyeron que no era apta para conducir con licencia clase B, informando de ello al municipio. Concluyó que dicha intervención se ajustó a sus atribuciones legales. Precisó que ese organismo solo determina la aptitud física o síquica según la normativa reglamentaria, correspondiendo a la municipalidad decidir si procede otorgar una licencia en condiciones especiales, considerando el examen médico, la gravedad de la deficiencia, la edad, el estado general del peticionario y los demás requisitos legales.

Normas citadas

  • ley 18290 art/22 inc/1
  • ley 18290 art/5
  • ley 18290 art/9
  • ley 18290 art/13 inc/1 num/1
  • ley 18290 art/17
  • ley 18290 art/19
  • dfl 1/2007 Mintt
  • ley 18290 art/22 inc/4
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Quién decide si se otorga una licencia de conducir en condiciones especiales cuando existe una deficiencia física?

En este caso, la Contraloría precisó que corresponde a la municipalidad decidir si procede otorgar la licencia en condiciones especiales. Para ello debe considerar el examen médico, la gravedad de la deficiencia, la edad, el estado general del peticionario y los demás requisitos legales.

¿Qué efecto tiene el informe del Servicio Médico Legal que declara a una persona no apta para conducir con licencia clase B?

En este caso, el Servicio Médico Legal informó al municipio que la interesada no era apta para conducir con licencia clase B, y la Contraloría lo consideró parte de una actuación ajustada a derecho. La decisión final de renovar o no la licencia le corresponde a la municipalidad.

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