El Consejo para la Transparencia, por mayoría, rechazó un amparo de acceso a correos el…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022
Resumen
El Consejo para la Transparencia, por mayoría, rechazó un amparo de acceso a correos electrónicos institucionales de una ex subsecretaria, fundando la denegación en la protección de la vida privada (art. 19 N°5 de la Constitución) y de los datos personales de funcionarios. Sin embargo, la parte resolutiva del texto íntegro reconoce que lo solicitado dice relación con intercambios de correos en el ejercicio de la función pública, por lo que no se configura la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia. Consta un voto disidente que sostiene que debió ordenarse la entrega de los correos institucionales. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de 15 días corridos desde la notificación, conforme a los artículos 28 y siguientes de la ley.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 18.575
Ley N° 19.880
Ley 19628
Ley N° 18.918
D.S. N° 93
Decreto supremo N° 634
Decreto supremo N° 157
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Procede entregar correos electrónicos institucionales de una autoridad pública ante una solicitud de acceso a la información?
En este caso, el Consejo para la Transparencia rechazó el amparo fundándose en la vida privada y los datos personales, aunque la parte resolutiva reconoce que los correos se relacionan con el ejercicio de la función pública, por lo que no se configura la causal de reserva del artículo 21 N°2. Hubo un voto disidente que sostuvo que debió ordenarse la entrega.
¿Cuál es el plazo para reclamar de ilegalidad contra una decisión del Consejo para la Transparencia?
Según el resumen, contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de 15 días corridos desde la notificación, conforme a los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia.
¿La protección de la vida privada permite negar el acceso a comunicaciones de funcionarios públicos realizadas en el ejercicio de su cargo?
En este caso, el Consejo sostuvo que la protección de la vida privada y de los datos personales fundaba la denegación, pero su propia parte resolutiva reconoce que los intercambios de correos corresponden al ejercicio de la función pública, lo que el resumen deja como una tensión no resuelta en el texto.
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