Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió parcialmente un amparo presentado contra la Dirección del Trabajo, ordenando la entrega del acta de fiscalización y sus documentos adjuntos, sin tarjar los datos de la razón social de la empresa fiscalizada, su RUT, el nombre del representante legal, el número de trabajadores y los lugares fiscalizados. Se consideró que esta información es de naturaleza pública, forma parte de un acto administrativo y contribuye al control social, aplicando criterios de decisiones previas. En cambio, se rechazó el amparo respecto a los datos de sexo y nacionalidad de los trabajadores, por configurarse causales de reserva que afectan los derechos de las personas, ya que su divulgación, en conjunto con otros parámetros, podría permitir identificar indirectamente a los trabajadores y exponer información sensible, dejando de ser datos estadísticos indeterminados.