El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra Carabineros de Chil…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra Carabineros de Chile y ordenó la entrega de información sobre la cantidad de vehículos policiales y funcionarios activos en una unidad policial de la comuna de Lampa, a la fecha del requerimiento. El organismo desestimó las alegaciones de la institución sobre afectación al orden y la seguridad pública y sobre la aplicación del Código de Justicia Militar, y consideró que se trata de información que permite ejercer control social sobre el cumplimiento de la función pública y la gestión eficiente de los recursos públicos, conforme a los principios de eficiencia y eficacia. En la parte resolutiva, el Consejo dispuso notificar la decisión, ordenó acreditar la entrega efectiva de la información y advirtió sobre las multas previstas en la Ley de Transparencia por la no entrega oportuna, además de informar que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de quince días corridos.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Ley N° 18.575
Ley N° 21.427
Ley N° 18.961
Resolución Exenta N° 78
Artículo 21 de la Ley N° 20.285
Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Puede Carabineros negar información sobre dotación y vehículos invocando seguridad pública?
En este caso, el Consejo para la Transparencia desestimó las alegaciones de Carabineros sobre afectación al orden y la seguridad pública y ordenó entregar la información solicitada.
¿Se puede aplicar el Código de Justicia Militar para reservar información de Carabineros ante una solicitud de transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia desestimó la aplicación del Código de Justicia Militar como fundamento para denegar la información requerida.
¿Qué información sobre recursos públicos permite el control social según el Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo consideró que la información sobre cantidad de vehículos y funcionarios activos permite ejercer control social sobre la función pública y la gestión eficiente de los recursos, conforme a los principios de eficiencia y eficacia.
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