Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre dos consultas de una universidad estatal: la participación de funcionarios en el directorio de una fundación creada por ella y la modalidad de contratación de personas para prestar servicios a terceros. Respecto de lo primero, concluyó que los funcionarios pueden integrar ese directorio, pero deben abstenerse de intervenir en asuntos donde exista conflicto de interés. Sobre los pagos por servicios de toma de encuestas, el organismo señaló que se enmarcan en el artículo 99 de la ley N° 18.681, que autoriza a la universidad a prestar servicios remunerados y contratar personas fijando honorarios. Sin embargo, advirtió que esas contrataciones no están exentas de suscribir contratos de honorarios ni de aprobarlos mediante acto administrativo, por lo que la universidad puede elaborar un convenio tipo aprobado por acto administrativo para las labores de encuestas, sin necesidad de convenciones individuales. Además, aclaró que no resulta aplicable el dictamen N° 14.616, de 1991, invocado por la institución, pues este se refiere a trabajos menores ajenos a la gestión interna y no sometidos al artículo 11 de la ley N° 18.834.