La Contraloría General de la República se pronunció sobre una reclamación de Corpesca S…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2019
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una reclamación de Corpesca S.A. en contra de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), relativa al cálculo del impuesto específico del artículo 43 ter de la Ley N° 18.892. Se determinó que la Subpesca actuó correctamente al utilizar la unidad de pesquería en el polinomio de cálculo, pero no al considerar actos jurídicos sujetos a condición suspensiva que no produjeron efectos, ni al aplicar el tope legal del impuesto específico establecido en el artículo décimo séptimo transitorio de la Ley N° 20.657. En particular, se concluyó que el excedente pagado por sobre el límite legal constituye una diferencia a favor de la empresa, sin que la Subpesca pueda imputarlo al pago de patentes pesqueras. Por ello, se reconsideró parcialmente el dictamen N° 18.325 de 2017, ordenando a la Subpesca adecuar su actuación e informar a la Contraloría en un plazo de 60 días hábiles.
Normas citadas
ley 18892 art/43 ter lt/b
ley 18892 art/2 num/45
ley 18892 art/3 lt/c
ley 18892 art/26 inc/1
ley 18892 art/26 inc/2
ley 18892 art/28
ley 18892 art/28A
ley 18892 art/29
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Se puede aplicar el tope legal del impuesto específico a la pesca establecido en el artículo transitorio de la Ley N° 20.657?
Sí, debe aplicarse. En este caso, la Contraloría concluyó que la Subpesca no aplicó correctamente el tope legal del impuesto específico previsto en el artículo décimo séptimo transitorio de la Ley N° 20.657.
¿Qué ocurre con el pago que excede el tope legal del impuesto específico a la pesca: puede la Subsecretaría imputarlo al pago de patentes pesqueras?
No. En este caso, la Contraloría determinó que el excedente pagado sobre el límite legal constituye una diferencia a favor de la empresa, que la Subpesca no puede imputar al pago de patentes pesqueras, y ordenó adecuar su actuación e informar en 60 días hábiles.
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