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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió que los jueces nacionales deben ve…

Sentencia · 2022

Resumen

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió que los jueces nacionales deben verificar de oficio la legalidad de las medidas de internamiento de extranjeros en situación irregular o solicitantes de asilo, incluso si la persona afectada no lo ha invocado. La sentencia destaca que el internamiento es una injerencia grave en el derecho a la libertad, protegido por la Carta de Derechos Fundamentales. El tribunal debe examinar todos los elementos de hecho y derecho disponibles para determinar si se incumplen requisitos de legalidad, sin perjuicio del principio de contradicción, que permite a ambas partes pronunciarse. La decisión vincula a todos los tribunales nacionales que conozcan de problemas similares, basándose en las Directivas 2008/115/CE y 2013/33/UE.

Normas citadas

  • Artículo 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
  • Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008
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Preguntas frecuentes

¿Debe un juez revisar de oficio la legalidad de un internamiento de extranjeros aunque la persona afectada no lo haya reclamado?

Sí. En este caso, el TJUE resolvió que los tribunales nacionales deben verificar de oficio la legalidad de las medidas de internamiento de extranjeros en situación irregular o solicitantes de asilo, aunque la persona no lo haya invocado.

¿El internamiento de migrantes en situación irregular afecta el derecho a la libertad según la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea?

Sí. En este caso, el TJUE sostuvo que el internamiento es una injerencia grave en el derecho a la libertad protegido por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

¿Cómo debe examinar el juez la legalidad del internamiento si ambas partes deben poder pronunciarse?

En este caso, el TJUE indicó que el tribunal debe examinar todos los elementos de hecho y derecho disponibles para determinar si se incumplen requisitos de legalidad, respetando el principio de contradicción que permite a ambas partes pronunciarse.

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