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La Dirección del Trabajo dictaminó que se ajusta a derecho la exigencia de la Corporaci…

Dictamen · Dirección del Trabajo · 2006

Resumen

La Dirección del Trabajo dictaminó que se ajusta a derecho la exigencia de la Corporación Municipal de Educación y Salud de Las Condes para que un médico ginecólogo cumpliera la jornada semanal de 22 horas establecida en su contrato, la que anteriormente cumplía solo en 11 horas. El dictamen señala que, en el ámbito de la salud primaria municipal regido por la Ley N° 19.378, la jornada laboral se determina según la dotación requerida por la entidad administradora y no por acuerdo de partes, como ocurre en el Código del Trabajo. Por ello, el hecho de que el trabajador hubiera cumplido anteriormente una jornada menor no altera la obligación de ajustarse al contrato, ya que la corporación ejerció su facultad de asegurar la atención asistencial según la dotación propuesta.

Normas citadas

  • Ley 19.378
  • Código del Trabajo
  • Artículo 15 de la ley 19.378

Preguntas frecuentes

¿Puede un empleador municipal de salud primaria aumentar la jornada de un médico si anteriormente cumplía una jornada menor?

En este caso, la Dirección del Trabajo dictaminó que sí, porque en la salud primaria municipal regida por la Ley 19.378 la jornada se fija según la dotación que requiere la entidad administradora y no por acuerdo de las partes. Que el médico hubiera cumplido antes una jornada menor no altera su obligación de ajustarse a lo pactado en el contrato.

¿En la atención primaria municipal, la jornada laboral se determina por acuerdo entre trabajador y empleador como en el Código del Trabajo?

En este caso, la Dirección del Trabajo señaló que no, porque la Ley 19.378 determina la jornada según la dotación requerida por la entidad administradora. Así, la regla general del Código del Trabajo, basada en el acuerdo de partes, no se aplica de la misma forma en este ámbito.

¿Es válida una exigencia de la corporación municipal de salud para que un médico ginecólogo cumpla 22 horas semanales?

En este caso, la Dirección del Trabajo dictaminó que la exigencia se ajusta a derecho, porque la corporación ejerció su facultad de asegurar la atención asistencial según la dotación propuesta. La jornada de 22 horas semanales fue considerada legítima aun cuando antes el profesional cumplía solo 11 horas.

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