Resumen del criterio jurisprudencial
La recurrente interpuso un recurso de protección contra la Tesorería General de la República por la cobranza de una deuda del CAE mediante el procedimiento ejecutivo del Código Tributario. La Corte Suprema analiza si esta acción constitucional es la vía adecuada para impugnar dicha cobranza. El tribunal reitera que el recurso de protección es una acción cautelar destinada a amparar garantías constitucionales frente a actos arbitrarios o ilegales, pero no es una instancia para declarar derechos que requieran debate. En el caso, la discusión sobre la naturaleza jurídica del crédito y la competencia del tribunal excede el ámbito de esta acción. Por ello, la Corte revoca la sentencia de la Corte de Apelaciones que había acogido el recurso y rechaza la protección solicitada. La decisión se fundamenta en el artículo 20 de la Constitución y en los artículos 171 y 173 del Código Tributario.