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El Tribunal Constitucional conoció una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalid…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2024

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentada por una empresa forestal en contra del artículo 499 del Código de Procedimiento Civil, que permite al acreedor adjudicarse bienes inmuebles embargados por los dos tercios de su tasación en una subasta pública. La empresa recurrente, deudora en un juicio ejecutivo seguido ante el Tercer Juzgado Civil de Temuco, sostuvo que la norma vulnera el derecho de propiedad, el debido proceso y la igualdad ante la ley, al facilitar que el acreedor adquiera los inmuebles a un precio muy inferior al de mercado, generando un perjuicio desproporcionado para el deudor. En la parte resolutiva del escrito, la recurrente solicitó la suspensión urgente del procedimiento ejecutivo, fijada para una subasta, y acompañó documentos que acreditan la tramitación de la causa y la personería de su representante, pidiendo además que las notificaciones se realicen por correo electrónico y asumiendo el patrocinio y poder de la acción.

Normas citadas

  • Artículo 93 Nº 6 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 499 del Código de Procedimiento Civil
  • Artículo 38 de la Ley 17.997 Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
  • Artículo 85 de la Ley 17.997 Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
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Preguntas frecuentes

¿Puede una deudora pedir al Tribunal Constitucional que suspenda un procedimiento ejecutivo mientras se resuelve una acción de inaplicabilidad?

En este caso, la empresa recurrente solicitó la suspensión urgente del procedimiento ejecutivo en que era deudora, fijado para una subasta. El resumen público no da cuenta de la decisión del Tribunal sobre esa solicitud.

¿Qué debe acompañar una parte a una acción de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional?

En este caso, la recurrente acompañó documentos que acreditan la tramitación de la causa y la personería de su representante, y pidió que las notificaciones se hicieran por correo electrónico. El resumen público no detalla otros requisitos que el Tribunal haya exigido.

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