Se interpone acción constitucional de protección contra una Isapre y la Superintendenci…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
Se interpone acción constitucional de protección contra una Isapre y la Superintendencia de Salud por el alza unilateral del precio de la prima GES, estimando el recurrente que es desproporcionada e injustificada, con vulneración de las garantías de los numerales 9 y 24 del artículo 19 de la Constitución. La Corte Suprema analiza el marco del DFL N°1 de 2005, que regula un procedimiento para fijar dicha prima, con intervención y fiscalización de la Superintendencia. Se concluye que la prima comunicada es resultado de un proceso objetivo y supervisado, sin ilegalidad ni arbitrariedad, por lo que se confirma la sentencia apelada y se rechaza el recurso, sin costas.
Normas citadas
Art. 206 D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud
Art. 206 bis D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud
Ley N°21.674
Art. 19 N°9 Constitución Política de la República
Art. 19 N°24 Constitución Política de la República
¿Es ilegal o arbitrario el alza de la prima GES de una Isapre si la Superintendencia de Salud fiscaliza el proceso?
En este caso, la Corte Suprema concluyó que la prima GES comunicada por la Isapre resultó de un procedimiento objetivo y supervisado por la Superintendencia de Salud, sin ilegalidad ni arbitrariedad. Por ello confirmó la sentencia apelada y rechazó el recurso de protección.
¿Procede un recurso de protección contra el alza unilateral de la prima GES por considerarla desproporcionada?
En este caso, la Corte Suprema rechazó la acción, por estimar que el alza no fue desproporcionada ni injustificada, dado que se ajustó al procedimiento que fija el DFL N°1 de 2005. Tampoco se acreditó vulneración de las garantías de los numerales 9 y 24 del artículo 19 de la Constitución.
¿Qué papel cumple la Superintendencia de Salud en la fijación de la prima GES de las Isapres?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que el DFL N°1 de 2005 regula un procedimiento para fijar la prima GES con intervención y fiscalización de la Superintendencia de Salud. Esa supervisión respaldó la conclusión de que la prima comunicada era legal y no arbitraria.
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