La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la resolución del Primer Juzgado de Garantía…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la resolución del Primer Juzgado de Garantía de Santiago que había denegado la prisión preventiva de la imputada, formalizada por tráfico ilícito de drogas. El tribunal de alzada consideró que los elementos de convicción reunidos acreditan suficientemente los presupuestos del artículo 140, letras a) y b), del Código Procesal Penal, pues el delito afecta gravemente la salud pública, existen antecedentes de su conducta pretérita y testigos la sindican como la persona que retiraría una encomienda. En consecuencia, se decretó la prisión preventiva por estimar que su libertad constituye un peligro concreto para la seguridad de la sociedad. La decisión se adoptó con el voto en contra de un ministro, quien opinó confirmar la resolución apelada.
Normas citadas
Art. 140 Código Procesal Penal
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Preguntas frecuentes
¿Cuándo procede la prisión preventiva por tráfico ilícito de drogas según el artículo 140 del Código Procesal Penal?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la denegación y decretó la prisión preventiva porque consideró acreditados los presupuestos de las letras a) y b) del artículo 140: la gravedad del delito para la salud pública, antecedentes de conducta pretérita y testigos que sindican a la imputada. Estimó que su libertad representa un peligro concreto para la seguridad de la sociedad.
¿Puede la Corte de Apelaciones revocar una negativa de prisión preventiva dictada por un juzgado de garantía?
Sí, en este caso la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la resolución del Primer Juzgado de Garantía que había denegado la prisión preventiva de la imputada, formalizada por tráfico ilícito de drogas. La decisión se adoptó con el voto en contra de un ministro, que opinó confirmar la resolución apelada.
¿Basta la sindicación de testigos para decretar la prisión preventiva en un caso de tráfico de drogas?
En este caso, el tribunal consideró que la sindicación de testigos, que la señalan como quien retiraría una encomienda, junto con antecedentes de conducta pretérita y la gravedad del delito, acreditan suficientemente los presupuestos para decretar la prisión preventiva. No se trata de un criterio general, sino de la valoración de los elementos reunidos en este caso.
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