Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre un recurso relacionado con la baja de un funcionario de la Prefectura de Servicios, Carreteras, Radiopatrullas y Tránsito de Carabineros. Reiterando su criterio anterior, el organismo señaló que el plazo de dos años para invalidar actos administrativos es de caducidad y no de prescripción, por lo que no se interrumpe ni suspende por la interposición de reclamos. Concluyó que la resolución que ratificó la baja no prorrogó sus efectos, pues el alejamiento se verificó al día siguiente de la comunicación de la medida original. Además, determinó que la resolución que afinó el sumario no fue válidamente notificada, al haberse enviado a una dirección que reproducía de forma incompleta el domicilio registrado, por lo que el procedimiento debe reabrirse para notificarlo debidamente. Asimismo, recordó la garantía constitucional de defensa jurídica y resolvió que no fue procedente rechazar la intervención del abogado designado por el afectado. No se pronunció sobre los demás aspectos planteados.