La Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó el recurso de protección interpuesto por un…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2024
Resumen
La Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó el recurso de protección interpuesto por una recurrente en contra de la Municipalidad de Paredones, impugnando un decreto de demolición de su inmueble. La recurrente alegó que adquirió el terreno basándose en un certificado de informaciones previas que permitía construir viviendas. La Corte consideró que el decreto se ajustaba a la legalidad, ya que el certificado fue emitido antes de la adquisición, lo que permitía a la recurrente advertir la imposibilidad de edificar. Además, la Municipalidad actuó dentro de sus competencias y sin arbitrariedad, por lo que se descartó cualquier actuar ilegal.
Normas citadas
Artículo 20 de la Constitución Política de la República
recurso de proteccióndecreto de demolicióncertificado de informaciones previasuso de sueloderecho de propiedadarbitrariedad administrativacompetencias municipalesgarantías constitucionales
Preguntas frecuentes
¿Procede un recurso de protección contra un decreto municipal de demolición si el comprador confió en un certificado de informaciones previas?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó el recurso, porque el certificado de informaciones previas fue emitido antes de la compra, lo que permitía advertir la imposibilidad de edificar. Además, la municipalidad actuó dentro de sus competencias y sin arbitrariedad.
¿Puede una municipalidad ordenar la demolición de una construcción si actuó dentro de sus competencias y sin arbitrariedad?
Según este fallo, sí: la Corte de Apelaciones de Rancagua estimó que el decreto de demolición se ajustaba a la legalidad y que la municipalidad no incurrió en un actuar ilegal ni arbitrario.
¿Qué efecto tiene un certificado de informaciones previas emitido antes de la compra de un terreno en un recurso de protección?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Rancagua sostuvo que, al haberse emitido el certificado antes de la adquisición, la compradora pudo advertir la imposibilidad de edificar, por lo que no prosperó su alegación de confianza en el certificado.
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