Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la actuación de una municipalidad en la enajenación de un vehículo institucional, adquirido por un funcionario del mismo municipio, y sobre la facultad del concejo municipal para revocar un acuerdo. Respecto de la venta, el organismo verificó que el bien fue dado de baja mediante decreto alcaldicio, que el precio mínimo fue aprobado por el concejo municipal, que la orden de remate se dispuso por decreto, que se publicaron avisos en dos medios de comunicación escrita y que la subasta pública se realizó, adjudicándose al mejor postor sin reclamos de los asistentes. Con ello, concluyó que el municipio adoptó medidas para asegurar los principios de transparencia, probidad e imparcialidad y la libre concurrencia de interesados, y que no se advierten irregularidades en que el vehículo haya sido adjudicado a un funcionario municipal, pues el procedimiento se ciñó a la normativa y la sola calidad de servidor del municipio no impide adquirir un bien por ese mecanismo, conforme al derecho a adquirir toda clase de bienes. Asimismo, sostuvo que el concejo municipal se encuentra facultado para revocar el acuerdo correspondiente.