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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la actuación de una municipal…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2014

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la actuación de una municipalidad en la enajenación de un vehículo institucional, adquirido por un funcionario del mismo municipio, y sobre la facultad del concejo municipal para revocar un acuerdo. Respecto de la venta, el organismo verificó que el bien fue dado de baja mediante decreto alcaldicio, que el precio mínimo fue aprobado por el concejo municipal, que la orden de remate se dispuso por decreto, que se publicaron avisos en dos medios de comunicación escrita y que la subasta pública se realizó, adjudicándose al mejor postor sin reclamos de los asistentes. Con ello, concluyó que el municipio adoptó medidas para asegurar los principios de transparencia, probidad e imparcialidad y la libre concurrencia de interesados, y que no se advierten irregularidades en que el vehículo haya sido adjudicado a un funcionario municipal, pues el procedimiento se ciñó a la normativa y la sola calidad de servidor del municipio no impide adquirir un bien por ese mecanismo, conforme al derecho a adquirir toda clase de bienes. Asimismo, sostuvo que el concejo municipal se encuentra facultado para revocar el acuerdo correspondiente.

Normas citadas

  • ley 18695 art/30
  • ley 19880 art/3 inc/7
  • ley 18695 art/12
  • ley 18695 art/53
  • ley 19880 art/61
  • ley 18695 art/35
  • ley 18695 art/63 lt/h
  • pol art/8
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede un funcionario municipal comprar un vehículo institucional en la subasta pública del municipio?

En este caso, la Contraloría concluyó que no hay irregularidad en que un funcionario municipal adquiera el vehículo, pues la sola calidad de servidor no impide comprar por ese mecanismo y el procedimiento se ciñó a la normativa.

¿Qué resguardos debe adoptar el municipio para asegurar transparencia y libre concurrencia en el remate de un bien institucional?

En este caso, la Contraloría verificó que el municipio dio de baja el bien por decreto, aprobó el precio mínimo por el concejo, dispuso la orden de remate por decreto, publicó avisos en dos medios escritos y realizó la subasta, asegurando transparencia, probidad, imparcialidad y libre concurrencia.

¿Puede el concejo municipal revocar el acuerdo que aprobó la enajenación de un bien municipal?

En este caso, la Contraloría sostuvo que el concejo municipal se encuentra facultado para revocar el acuerdo correspondiente a la enajenación del vehículo institucional.

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