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La Contraloría General de la República se pronunció sobre una solicitud de pago de una…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2018

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre una solicitud de pago de una empresa proveedora de servicios al Servicio de Salud Metropolitano Norte. Se determinó que procede que el servicio de salud pague las licencias efectivamente utilizadas entre enero de 2014 y agosto de 2015, conforme a los valores pactados, ya que la prestación de servicios genera el derecho al pago, incluso si el contrato presentó irregularidades, para evitar un enriquecimiento sin causa. Respecto al periodo enero a diciembre de 2013, la Contraloría señaló que no le corresponde interpretar la voluntad de las partes del contrato, por ser una materia litigiosa que debe ser resuelta por los tribunales de justicia.

Normas citadas

  • Resolución N° 48, de 2014
  • Resolución N° 48
  • Resolución exenta N° 2
  • Resolución exenta N° 1
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Procede que un organismo público pague servicios efectivamente utilizados si el contrato presentó irregularidades?

En este caso, la Contraloría General de la República determinó que el Servicio de Salud Metropolitano Norte debe pagar las licencias efectivamente utilizadas entre enero de 2014 y agosto de 2015, conforme a los valores pactados, porque la prestación de los servicios genera el derecho al pago, aun existiendo irregularidades, para evitar un enriquecimiento sin causa.

¿Puede la Contraloría interpretar la voluntad de las partes de un contrato administrativo cuando hay controversia?

En este caso, la Contraloría señaló que no le corresponde interpretar la voluntad de las partes respecto del periodo de enero a diciembre de 2013, por tratarse de una materia litigiosa que debe ser resuelta por los tribunales de justicia.

¿Qué criterio aplica la Contraloría para pagos por servicios prestados en un contrato con vicios?

En este caso, la Contraloría sostuvo que la prestación efectiva de los servicios genera el derecho al pago de los valores pactados, incluso si el contrato presentó irregularidades, con el fin de evitar un enriquecimiento sin causa del órgano público.

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