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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la situación de una funcionar…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la situación de una funcionaria municipal que fue designada en un cometido funcionario que implicaba labores no propias de su cargo de nombramiento, lo que se consideró contrario a derecho, ya que dichos cometidos no pueden transformarse en una asignación permanente que separe al servidor de su cargo original. Respecto a la solicitud de reconsideración de una evaluación de calificaciones del período 2010-2011, se rechazó por no haberse invocado todas las alegaciones en su oportunidad procesal, conforme a la jurisprudencia que impide reclamaciones sucesivas. En cuanto al alegato de hostigamiento por haber sido calificada en lista N° 2, se indicó que dicha materia debe ser analizada en sede judicial o mediante un sumario administrativo instruido por el alcalde, no siendo atribución de la Contraloría pronunciarse al respecto.

Normas citadas

  • ley 18883 art/156 inc/1
  • ley 18883 art/75
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede un funcionario municipal ser designado en un cometido funcionario que implique labores ajenas a su cargo de planta?

En este caso, la Contraloría General sostuvo que no, porque los cometidos funcionarios no pueden transformarse en una asignación permanente que separe al servidor de su cargo original, lo que se consideró contrario a derecho.

¿Se puede pedir la reconsideración de una evaluación de calificaciones municipal si no se invocaron todas las alegaciones en su oportunidad?

En este caso, la Contraloría rechazó la solicitud de reconsideración porque no se invocaron todas las alegaciones en la oportunidad procesal correspondiente, conforme a la jurisprudencia que impide reclamaciones sucesivas.

¿Puede la Contraloría pronunciarse sobre un alegato de hostigamiento laboral por una calificación en lista N° 2?

En este caso, la Contraloría indicó que esa materia debe analizarse en sede judicial o mediante un sumario administrativo instruido por el alcalde, por lo que no le corresponde pronunciarse al respecto.

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