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La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió un recurso de protección presentado por u…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió un recurso de protección presentado por una comunidad indígena en contra de la CONADI, dejando sin efecto la resolución que declaró la caducidad de su personalidad jurídica. El tribunal consideró que el acto impugnado fue ilegal y careció de razonabilidad, vulnerando la garantía de igualdad ante la ley y afectando el derecho a defensa de la recurrente, al no expresar los fundamentos de la decisión. En consecuencia, ordenó a la CONADI emitir un nuevo pronunciamiento fundado, con razones detalladas, respecto de la solicitud de inscripción y reconocimiento jurídico de la comunidad, conforme a la Ley Indígena.

Normas citadas

  • Ley 19.253
  • Resolución Exenta N° 287
  • Resolución exenta N° 278
  • Resolución Exenta N° 0388 de 2025
  • Resolución Exenta N° 1132
  • Ley N° 19.880
  • Decreto Supremo N° 392
  • Artículo 1° de la Ley N° 19.253
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Preguntas frecuentes

¿Procede dejar sin efecto la caducidad de la personalidad jurídica de una comunidad indígena si el acto administrativo no expresa sus fundamentos?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso de protección y dejó sin efecto la resolución de la CONADI que declaró la caducidad, por considerar que fue ilegal, carente de razonabilidad y que vulneró la igualdad ante la ley y el derecho a defensa al no expresar sus fundamentos.

¿Qué debe hacer la CONADI cuando una comunidad indígena reclama por la caducidad de su personalidad jurídica y el tribunal anula el acto?

En este caso, el tribunal ordenó a la CONADI emitir un nuevo pronunciamiento fundado, con razones detalladas, sobre la solicitud de inscripción y reconocimiento jurídico de la comunidad conforme a la Ley Indígena.

¿Puede el recurso de protección revisar la legalidad de una resolución de la CONADI que afecta a una comunidad indígena?

En este caso, la Corte de Apelaciones consideró que la resolución impugnada era ilegal y arbitraria, afectando garantías constitucionales de la comunidad recurrente, por lo que acogió el recurso de protección.

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