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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado por un particular en contr…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2021

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado por un particular en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Atacama, por la denegación de acceso a sus antecedentes personales en poder del organismo, tales como evaluaciones, reevaluaciones, historia ocupacional, evaluación de puesto de trabajo y exámenes médicos. El Consejo ordenó entregar esa información, por encontrarse en poder de la institución, y desestimó la alegación de distracción indebida de funcionarios por no haber sido acreditada. Se precisó que la pandemia y una deficiente gestión documental no justifican la denegación. Asimismo, se ordenó tarjar la identidad de testigos y otros datos personales o sensibles antes de la entrega, y acreditar pormenorizadamente en cumplimiento cualquier antecedente inexistente, concediéndose un plazo de 15 días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada para cumplir.

Normas citadas

  • Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada
  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoSalud

Preguntas frecuentes

¿Puede una persona acceder a sus propios antecedentes personales de salud ocupacional en poder de un organismo público?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo y ordenó entregar al solicitante sus antecedentes personales en poder de la Seremi de Salud de Atacama, como evaluaciones, historia ocupacional y exámenes médicos, por encontrarse en poder del organismo.

¿La pandemia o una mala gestión documental justifican denegar una solicitud de acceso a información pública?

No. En este caso, el Consejo precisó que la pandemia y una deficiente gestión documental no justifican la denegación, y desestimó la alegación de distracción indebida de funcionarios por no haber sido acreditada.

¿Qué debe hacer un organismo público con los datos personales de terceros al entregar información solicitada?

En este caso, el Consejo ordenó tarjar la identidad de testigos y otros datos personales o sensibles antes de la entrega, y acreditar pormenorizadamente cualquier antecedente inexistente, con un plazo de 15 días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada.

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