La Contraloría General de la República resolvió parcialmente a favor de las recurrentes…
Sentencia · 2023
Resumen
La Contraloría General de la República resolvió parcialmente a favor de las recurrentes, funcionarias del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en un caso sobre la entrega de identidades de víctimas de violencia rural entrevistadas en un programa de fortalecimiento regional. El organismo determinó que las funcionarias deben entregar al INDH la identidad de los entrevistados, por ser información obtenida en el ejercicio de sus funciones y dentro del ámbito de competencia de la entidad. Sin embargo, acogió la preocupación de las recurrentes al establecer que el INDH debe guardar reserva de tales identidades, conforme al artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia, ya que su divulgación afectaría la seguridad de los declarantes, poniendo en riesgo su vida e integridad física y psíquica en un territorio bajo estado de excepción constitucional. Así, cualquier estipulación contractual en contrario no permite al INDH disponer libremente de dicha información.
Normas citadas
Ley 20.405 art. 1
Ley 20.405 art. 2
Ley 20.405 art. 3
Ley 20.405 art. 4
Ley 20.405 art. 6
Ley 20.405 art. 8 num. 5
Ley 20.405 art. 9 num. 4
Ley 20.405 art. 12
confidencialidadderechos humanosINDHviolencia ruralprotección de víctimastransparenciaseguridadmacro zona sur
Preguntas frecuentes
¿Es posible que un organismo se comprometa contractualmente a no divulgar datos de víctimas y así limitar el acceso a esa información de otra entidad?
En este caso, la Contraloría sostuvo que cualquier estipulación contractual en contrario no permite al INDH disponer libremente de la información de las identidades de los entrevistados. La reserva que debe guardar el organismo deriva de la Ley de Transparencia, no del acuerdo entre las partes.
¿Cuándo procede la reserva de información pública por afectar la seguridad de las personas en Chile?
En este caso, la Contraloría aplicó el artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia para ordenar la reserva, porque la divulgación de las identidades pondría en riesgo la vida e integridad física y psíquica de las víctimas de violencia rural. Esto ocurría en un territorio bajo estado de excepción constitucional.
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