El Consejo para la Transparencia acogió un amparo interpuesto en contra de la Municipal…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Los Ángeles, por la negativa a entregar copia certificada de la respuesta dada a una solicitud de acceso a la información sobre el registro de decretos de nombramiento de un período determinado. El Consejo estimó que se trata de antecedentes de carácter público, vinculados al ejercicio del derecho de acceso a la información, y recordó que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, obligación de rango constitucional. Ordenó la entrega de la información, con tarja de los datos personales y sensibles de contexto conforme al principio de divisibilidad y a la Ley N°19.628, debiendo el órgano cumplir en un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento legal, y acreditar la entrega ante el Consejo. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Un órgano público debe entregar copia de la respuesta dada a una solicitud de acceso a la información pública?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo y estimó que esos antecedentes son de carácter público, por lo que ordenó su entrega. Los datos personales y sensibles de contexto debían tarjarse conforme a la Ley N°19.628.
¿Cómo deben aplicarse los datos personales al entregar información pública en Chile?
En este caso, el Consejo ordenó entregar la información tarjando los datos personales y sensibles de contexto, aplicando el principio de divisibilidad y la Ley N°19.628. Así se concilia el acceso a la información con la protección de datos.
¿Qué plazo tiene un municipio para cumplir una decisión del Consejo para la Transparencia que ordena entregar información?
En este caso, el Consejo ordenó a la Municipalidad cumplir en cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento legal, y acreditar la entrega ante el Consejo. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones.
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