El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo de acceso a la información pública…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2017
Resumen
El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo de acceso a la información pública presentado contra la Intendencia de la Región Metropolitana, relativo a antecedentes de un sumario administrativo que aún no había concluido. El órgano había invocado reserva para negar la entrega. El Consejo acogió el amparo y ordenó entregar la información requerida, con la excepción de los datos personales de carácter privado contenidos en los antecedentes, conforme a la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada, aplicando el principio de divisibilidad de la Ley de Transparencia. Se fijó un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada para cumplir, bajo apercibimiento legal, y se encomendó a la Dirección General y a la Dirección Jurídica notificar la decisión. Contra ella procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.
Normas citadas
Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoOtros
Preguntas frecuentes
¿Un organismo público puede negar información sobre un sumario administrativo que aún no concluye alegando reserva?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo y ordenó entregar la información, rechazando la reserva invocada por la Intendencia de la Región Metropolitana sobre antecedentes de un sumario aún no concluido.
¿Qué pasa con los datos personales de carácter privado si se entrega información pública?
En este caso, el Consejo ordenó entregar la información aplicando el principio de divisibilidad de la Ley de Transparencia, excluyendo solo los datos personales de carácter privado conforme a la Ley N° 19.628.
¿Qué recurso procede contra una decisión del Consejo para la Transparencia que ordena entregar información?
En este caso, el Consejo señala que contra su decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, y fijó un plazo de cinco días hábiles desde que quede ejecutoriada para cumplir.
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