El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo de acceso a la información pública…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2017
Resumen
El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo de acceso a la información pública presentado contra la Intendencia Regional de Magallanes y Antártica Chilena, que había denegado la entrega de copia de un proceso sumarial administrativo ya cerrado. El Consejo acogió el amparo y ordenó a la Intendencia entregar la información solicitada, tarjando previamente los datos personales de contexto, como domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, fecha de nacimiento y estado civil, conforme a la Ley N° 19.628 y a las atribuciones que la Ley de Transparencia le confiere. Fijó un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia, y dispuso que se informe el cumplimiento enviando copia de los documentos respectivos. La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo y notificada a la reclamante y al Intendente Regional, con reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de quince días corridos.
Normas citadas
Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoOtros
Preguntas frecuentes
¿Se puede negar la entrega de un sumario administrativo ya cerrado por tratarse de información reservada?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo y ordenó a la Intendencia entregar copia de un proceso sumarial administrativo ya cerrado, tarjando previamente los datos personales de contexto.
¿Qué datos personales se deben tarjar antes de entregar información pública?
En este caso, el Consejo ordenó tarjar datos personales de contexto como domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, fecha de nacimiento y estado civil, conforme a la Ley N° 19.628.
¿Qué plazo tiene el organismo para entregar la información tras una decisión del Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo fijó un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia.
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