El Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de inaplicabilidad presentado por un…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de inaplicabilidad presentado por una empresa en contra del artículo 47 inciso primero del D.L. N° 3.063 de 1979, Ley de Rentas Municipales. La norma impugnada otorgaba mérito ejecutivo a los certificados de deuda emitidos por secretarios municipales para el cobro de patentes y tributos locales. El tribunal estimó que ello vulnera el derecho a defensa y a un procedimiento racional y justo, pues impide a los deudores controvertir la obligación en un juicio declarativo previo, afectando la igual protección de derechos. La sentencia fue redactada por una ministra, con una disidencia.
Normas citadas
D.L. N° 3.063 de 1979, Ley de Rentas Municipales, artículo 47 inciso primero
Decreto N° 2.385 de 1996, Ministerio del Interior
Código de Procedimiento Civil, artículos 464 y normas del juicio ejecutivo
Constitución Política de la República de Chile
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Preguntas frecuentes
¿Los certificados de deuda municipal por patentes pueden tener mérito ejecutivo sin que el deudor pueda discutir la obligación antes?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad y estimó que otorgar mérito ejecutivo a esos certificados, sin un juicio declarativo previo, vulnera el derecho a defensa y a un procedimiento racional y justo.
¿El artículo 47 de la Ley de Rentas Municipales es constitucional en cuanto da mérito ejecutivo a los certificados de deuda?
En este caso, el Tribunal Constitucional declaró inaplicable el artículo 47 inciso primero del D.L. N° 3.063 para el caso concreto, por considerar que impide a los deudores controvertir la obligación en un juicio declarativo previo.
¿Puede una empresa pedir al Tribunal Constitucional que no aplique una norma de cobro municipal en su juicio?
Sí, en este caso una empresa presentó un requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 47 inciso primero de la Ley de Rentas Municipales, y el tribunal lo acogió por afectar el derecho a defensa.
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