El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad presentado contra…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad presentado contra el artículo 47, inciso primero, de la Ley de Rentas Municipales. La norma impugnada otorga mérito ejecutivo al certificado de deuda emitido por el secretario municipal para el cobro judicial de patentes y tasas, sin que exista un procedimiento administrativo previo que garantice la determinación de la deuda por funcionarios competentes. El Tribunal consideró que esta aplicación vulnera el derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, específicamente el artículo 19 N°3 de la Constitución, al privar al contribuyente de la posibilidad de controvertir la obligación en un juicio declarativo, afectando su derecho a defensa y a un procedimiento racional y justo. En consecuencia, se acogió el requerimiento.
Normas citadas
D.L. N° 3063
Código de Procedimiento Civil
Ley N° 3.063
Código Tributario
Artículo 464 del Código de Procedimiento Civil
Artículo 47 del D.L. N° 3063
Ley N° 21.210
Ley N° 18.695
inaplicabilidad por inconstitucionalidadmérito ejecutivocertificado de deudapatentes municipalesLey de Rentas Municipalesderecho a defensaprocedimiento racional y justoigualdad ante la ley
Preguntas frecuentes
¿Puede el contribuyente controvertir una deuda municipal de patentes en un juicio declarativo si se le cobra por vía ejecutiva?
En este caso, el Tribunal Constitucional consideró que el mérito ejecutivo otorgado al certificado de deuda priva al contribuyente de la posibilidad de controvertir la obligación en un juicio declarativo, lo que afecta su derecho a defensa y a un procedimiento racional y justo.
¿Qué derecho constitucional se considera vulnerado cuando el cobro judicial de tasas municipales carece de un procedimiento previo de determinación de la deuda?
En este caso, el Tribunal Constitucional señaló que se vulnera el artículo 19 N°3 de la Constitución, en su garantía de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, junto con el derecho a defensa y a un procedimiento racional y justo.
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