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La Contraloría General de la República desestimó la solicitud de una funcionaria que im…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2017

Resumen

La Contraloría General de la República desestimó la solicitud de una funcionaria que impugnó la no renovación de su contrata en la Subsecretaría de Obras Públicas para el año 2017. La recurrente alegaba una confianza legítima de continuar vinculada, basada en sucesivas prórrogas de su contrata desde 2014. Sin embargo, el ente contralor determinó que la autoridad fundó su decisión en ajustes institucionales, cambios de personal y enfoque en la unidad donde se desempeñaba, así como en instrucciones de eficiencia del Ministerio de Hacienda, cumpliendo así con los dictámenes que exigen expresar los motivos de hecho y derecho. El acto impugnado se complementó con una resolución posterior que detalló esos ajustes, por lo que se rechazó la petición.

Normas citadas

  • Resolución exenta N° 2
  • Resolución exenta N° 139, de 2017
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿La no renovación de una contrata en la administración pública vulnera la confianza legítima si hubo prórrogas anteriores?

En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que la autoridad no vulneró la confianza legítima, pese a las prórrogas previas, porque fundó la decisión en ajustes institucionales, cambios de personal y un enfoque en la unidad, cumpliendo así con expresar los motivos de hecho y de derecho.

¿Debe la autoridad expresar los motivos de hecho y de derecho al decidir no renovar una contrata?

En este caso, la Contraloría concluyó que la autoridad sí cumplió con esta exigencia, ya que sus motivos se basaron en ajustes institucionales e instrucciones de eficiencia del Ministerio de Hacienda, y además se complementaron con una resolución posterior que detalló esos ajustes.

¿Puede una resolución posterior complementar la motivación de un acto administrativo impugnado?

En este caso, la Contraloría General de la República consideró que una resolución posterior que detalló los ajustes institucionales complementó el acto impugnado, lo que permitió rechazar la petición de la funcionaria.

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