La Corte Suprema confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que acogió…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La Corte Suprema confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que acogió una acción de amparo en favor de un interno trasladado desde el C.P.V. a uno de Puerto Montt. Se estimó que el traslado vulneraba su libertad personal y el derecho a mantener contacto con su familia, pese a que Gendarmería justificó la medida por razones de seguridad y descongestión. El tribunal ordenó el retorno del interno a un establecimiento penitenciario dentro de la región de Valparaíso en un plazo de cinco días, con voto en contra de una ministra que consideró que la institución actuó dentro de sus atribuciones legales.
Normas citadas
Artículo 19 N° 7, Constitución Política de la República
Artículo 21, Constitución Política de la República
Decreto Ley N° 2.859
Decreto Supremo N° 518
Artículo 6 N° 12, Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería
Artículo 28, Reglamento de Establecimientos Penitenciarios
Auto Acordado sobre Amparo
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Preguntas frecuentes
¿Puede Gendarmería trasladar a un interno a un establecimiento penitenciario de otra región sin afectar sus derechos?
En este caso, la Corte Suprema confirmó que el traslado de un interno a una cárcel de otra región vulneró su libertad personal y su derecho a mantener contacto con su familia, pese a que Gendarmería lo justificó por seguridad y descongestión. Por ello ordenó su retorno a un establecimiento de la región de Valparaíso.
¿Procede el amparo contra el traslado de un interno a otra región penitenciaria?
En este caso, la Corte Suprema confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que acogió el amparo presentado en favor del interno trasladado. El tribunal estimó que la medida afectaba derechos fundamentales del interno.
¿Qué plazo tiene Gendarmería para devolver a un interno trasladado indebidamente?
En este caso, la Corte Suprema ordenó el retorno del interno a un establecimiento penitenciario dentro de la región de Valparaíso en un plazo de cinco días. Una ministra votó en contra, al considerar que la institución actuó dentro de sus atribuciones legales.
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