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La Contraloría General de la República desestimó la solicitud de reconsideración de la…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

Resumen

La Contraloría General de la República desestimó la solicitud de reconsideración de la Policía de Investigaciones de Chile respecto del cobro de perjuicios causados al patrimonio fiscal por funcionarios. El organismo ratificó que corresponde a sus autoridades decidir caso a caso si inicia un juicio de cuentas, sin limitarlo a un monto fijo como cinco unidades tributarias mensuales, criterio que reemplazó la jurisprudencia anterior. Además, precisó que solo el Contralor General puede disponer descuentos en las remuneraciones de los empleados públicos, salvo norma legal en contrario, como el artículo 72 de la ley N° 18.834.

Normas citadas

  • Ley 10336 art/107 bis
  • ley 18834 art/72 inc/1
  • ley 10336 art/67 inc/1
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Existe un monto mínimo bajo el cual la Contraloría no puede iniciar un juicio de cuentas por perjuicios al patrimonio fiscal causados por funcionarios?

En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que no existe un monto fijo, como cinco unidades tributarias mensuales, que limite el inicio de un juicio de cuentas. Corresponde a sus autoridades decidir caso a caso si lo inician, reemplazando la jurisprudencia anterior.

¿Quién puede ordenar descuentos en las remuneraciones de un funcionario público para cobrar perjuicios causados al fisco?

En este caso, la Contraloría precisó que solo el Contralor General puede disponer descuentos en las remuneraciones de los empleados públicos, salvo que una norma legal establezca otra cosa, como el artículo 72 de la ley N° 18.834.

¿Procede que un servicio público pida reconsiderar un dictamen de la Contraloría sobre el cobro de perjuicios causados por sus funcionarios?

En este caso, la Contraloría desestimó la solicitud de reconsideración presentada por la Policía de Investigaciones de Chile y ratificó su criterio sobre el cobro de perjuicios al patrimonio fiscal causados por funcionarios.

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