La Contraloría General de la República determinó que no procede iniciar un juicio de cu…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
Resumen
La Contraloría General de la República determinó que no procede iniciar un juicio de cuentas contra un funcionario de Carabineros de Chile que no causó daños al patrimonio fiscal, ni respecto de otro que no fue sancionado en el sumario administrativo. En el caso, los deterioros de un vehículo fiscal se debieron a la imprudencia de un tercero, no del funcionario investigado, por lo que no se configuraron los elementos de daño, imputabilidad y relación de causalidad exigidos para la responsabilidad civil extracontractual. Respecto del exempleado que no fue sancionado, se carece del presupuesto básico para el juicio de cuentas, debiendo la institución recurrir a los tribunales ordinarios para hacer efectiva su responsabilidad.
Normas citadas
ley 18290 art/167 num/17
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Procede un juicio de cuentas contra un funcionario que no causó daño al patrimonio fiscal?
No. En este caso, la Contraloría determinó que no procede iniciar juicio de cuentas contra un funcionario que no causó daños al patrimonio fiscal, porque no se configuraron los elementos de daño, imputabilidad y relación de causalidad.
¿Quién responde por los daños a un vehículo fiscal causados por la imprudencia de un tercero?
Según este dictamen, los deterioros del vehículo se debieron a la imprudencia de un tercero y no del funcionario investigado, por lo que este no resulta responsable de ellos.
¿Puede iniciarse un juicio de cuentas contra un exfuncionario que no fue sancionado en el sumario administrativo?
No. La Contraloría sostuvo que, al no haber sido sancionado en el sumario, falta el presupuesto básico para el juicio de cuentas, por lo que la institución debe recurrir a los tribunales ordinarios para hacer efectiva su responsabilidad.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2011
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.