Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la consulta de un funcionario municipal que deseaba solicitar la regularización de la posesión de un inmueble que ocupaba hace más de 25 años, conforme al decreto ley N° 2.695, de 1979. El organismo concluyó que, en principio, no existía prohibición o impedimento para que el funcionario solicitara dicho procedimiento al Ministerio de Bienes Nacionales, dado que no se advertía cómo podría intervenir en el trámite administrativo en contra del principio de probidad. No obstante, recordó a la municipalidad que la administración de sus bienes es una atribución esencial, regulada por la ley N° 18.695, y que las respuestas a consultas sobre la aplicación del decreto ley deben considerar el marco normativo, pudiendo solo en casos excepcionales y debidamente justificados permitir la regularización de inmuebles considerados prescindibles, lo que será fiscalizado por la Contraloría.