Una empresa de telecomunicaciones demandó a tres operadores móviles por supuestas condu…
Sentencia · Tribunal de Defensa de la Libre Competencia · 2017
Resumen
Una empresa de telecomunicaciones demandó a tres operadores móviles por supuestas conductas exclusorias e incumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema, alegando ofertas mayoristas discriminatorias que impedían el ingreso de O.M.V.. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia rechazó la demanda, acogiendo la excepción de prescripción opuesta por uno de los demandados. Se determinó que la demandante no acreditó discriminación alguna ni el incumplimiento alegado, y que las ofertas mayoristas fueron formuladas en términos generales y utilizadas por otros OMV para ingresar al mercado, lo que descartó la existencia de una conducta anticompetitiva. El tribunal impuso costas a la parte demandante.
Normas citadas
Art. 3° D.L. N° 211
Art. 1º, inciso segundo D.L. N° 211
Art. 2º D.L. N° 211
Art. 3º, inciso primero D.L. N° 211
Art. 18°, N° 1 D.L. N° 211
Art. 22°, inciso final D.L. N° 211
Art. 26º D.L. N° 211
Art. 29° D.L. N° 211
competenciaprácticas exclusoriasOMVdiscriminación de preciosD.L. 211Corte Supremaprescripción
Preguntas frecuentes
¿Un operador móvil que ofrece condiciones mayoristas a un OMV incurre en conducta exclusoria si esas ofertas son discriminatorias?
En este caso, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia concluyó que la demandante no acreditó discriminación alguna, pues las ofertas mayoristas fueron formuladas en términos generales y otros OMV las usaron para ingresar al mercado, descartando una conducta anticompetitiva.
¿Puede el TDLC rechazar una demanda por libre competencia por prescripción?
En este caso, el Tribunal acogió la excepción de prescripción opuesta por uno de los demandados, lo que llevó a rechazar la demanda respecto de ese operador, sin perjuicio de los demás fundamentos del fallo.
¿Quién paga las costas cuando se rechaza una demanda ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia?
En este caso, el Tribunal impuso las costas a la parte demandante, al rechazar la demanda por no acreditarse la conducta exclusoria ni el incumplimiento de la sentencia previa de la Corte Suprema.
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Sentencia · Tribunal de Defensa de la Libre Competencia · 2010
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