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El Primer Juzgado de Policía Local de Santiago conoció una denuncia y demanda por prote…

Sentencia · 1ER JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE SANTIAGO · 2013

Resumen

El Primer Juzgado de Policía Local de Santiago conoció una denuncia y demanda por protección al consumidor contra una empresa de telefonía, por fallas reiteradas en un equipo móvil entregado en arriendo con opción de compra y por no dar solución adecuada a los reclamos. El tribunal concluyó que los hechos eran efectivos y configuraron infracciones a los artículos 12, 20 y 23 de la Ley N° 19.496, por lo que condenó a la proveedora al pago de una multa a beneficio municipal. En el aspecto civil, rechazó la indemnización por daño directo, al no acreditarse el pago alegado y tratarse de un arriendo con opción de compra, pero acogió el daño moral, regulándolo prudencialmente en $100.000, con reajuste desde la dictación de la sentencia. Además, ordenó dar de baja los contratos celebrados sin costo o cobro alguno y dispuso que cada parte pagara sus costas.

Normas citadas

  • Ley 19.496, Art. 12
  • Ley 19.496, Art. 20
  • Ley 19.496, Art. 23 Inc. 1
Sentencia DefinitivaInterés IndividualQuerella infraccional y demanda de indemnización de perjuicios

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si una empresa de telefonía no soluciona las fallas reiteradas de un equipo entregado en arriendo con opción de compra?

En este caso, el tribunal concluyó que las fallas reiteradas y la falta de solución configuraron infracciones a los artículos 12, 20 y 23 de la Ley 19.496, y condenó a la proveedora al pago de una multa a beneficio municipal.

¿Se puede obtener indemnización por daño moral en un caso de consumidor por fallas de un equipo móvil?

En este caso, el tribunal acogió el daño moral y lo reguló prudencialmente en $100.000, con reajuste desde la dictación de la sentencia, aunque rechazó la indemnización por daño directo al no acreditarse el pago alegado.

¿Qué puede ordenar el tribunal respecto de los contratos celebrados con una empresa de telefonía en un caso de consumidor?

En este caso, el tribunal ordenó dar de baja los contratos celebrados sin costo o cobro alguno y dispuso que cada parte pagara sus costas.

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