Resumen
La Contraloría General de la República cursó la resolución N° 389, de 2015, del Servicio Agrícola y Ganadero, que aplicó la medida de destitución a un funcionario, y desestimó sus reclamos. El afectado alegó falta de lógica en la ponderación de los hechos, parcialidad de la fiscal administrativa por un supuesto conflicto de interés y falta de consideración de atenuantes. El órgano de control señaló que la valoración de los hechos corresponde privativamente a la administración activa, que no se advirtió infracción al debido proceso ni arbitrariedad, que el interesado no hizo valer la recusación o implicancia conforme al Estatuto Administrativo, y que, al estar asignada legalmente una sanción específica por contravenciones graves al principio de probidad, la jefatura debía aplicarla sin considerar circunstancias atenuantes.