El Consejo para la Transparencia acogió parcialmente un amparo presentado contra el Ser…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2025
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió parcialmente un amparo presentado contra el Servicio de Registro Civil e Identificación, ordenando la entrega únicamente de los datos sobre RUT de personas fallecidas y su fecha de defunción. Se desestimaron las causales de reserva invocadas por el servicio, basadas en los números 2 y 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia en relación con la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada, ya que la información solicitada corresponde a personas fallecidas, quienes no son titulares de datos personales según la normativa. La resolución incluye apercibimiento de multa y suspensión del cargo en caso de incumplimiento, y ordena acreditar la entrega efectiva de la información.
Normas citadas
Ley N° 19.628
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Ley N° 18.575
Ley N° 19.477
Código Civil
Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Se puede acceder vía Ley de Transparencia a datos de personas fallecidas en poder del Registro Civil?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió parcialmente el amparo y ordenó entregar el RUT y la fecha de defunción de personas fallecidas. Desestimó la reserva por datos personales, pues la Ley N° 19.628 protege a personas vivas y los fallecidos no son titulares de datos personales según esa normativa.
¿Puede el Registro Civil negarse a entregar información sobre fallecidos alegando protección de la vida privada?
En este caso, el Consejo rechazó la reserva invocada por el servicio basada en los números 2 y 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia en relación con la Ley N° 19.628. Concluyó que la información corresponde a personas fallecidas, que no son titulares de datos personales, por lo que las causales no resultaban aplicables.
¿Qué consecuencias tiene para un organismo no cumplir una orden de entrega de información del Consejo para la Transparencia?
En este caso, la resolución dispone un apercibimiento de multa y la suspensión del cargo del responsable si no se cumple la orden. Además, exige acreditar la entrega efectiva de la información al Consejo.
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