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La Contraloría General de la República se pronunció sobre un reclamo relativo a la valo…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre un reclamo relativo a la valoración de pruebas en un sumario administrativo y a la invalidación de la resolución que dispuso la baja por conducta mala de un funcionario de Carabineros de Chile. El órgano de control señaló que no sustituye a la Administración en la evaluación de las probanzas, pues dicha ponderación corresponde a la jefatura que ejerce la potestad disciplinaria, salvo que se observe una ilegalidad o arbitrariedad, lo que no ocurrió en el caso. Respecto a la solicitud de invalidación del acto que ordenó el cese, se indicó que el plazo de dos años contemplado en la ley N° 19.880 es de caducidad, por lo que, habiendo transcurrido dicho lapso, no procede dejar sin efecto la resolución. En definitiva, se concluyó que el procedimiento de baja se ajustó a derecho.

Normas citadas

  • ley 19880 art/53 inc/1
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿La Contraloría puede reemplazar a la Administración en la valoración de las pruebas de un sumario administrativo?

En este caso, la Contraloría sostuvo que no sustituye a la Administración en la ponderación de las probanzas, pues esa evaluación corresponde a la jefatura que ejerce la potestad disciplinaria, salvo que exista una ilegalidad o arbitrariedad, lo que no se verificó.

¿Procede invalidar una resolución de baja por conducta mala si ya transcurrió el plazo de dos años de la Ley 19.880?

En este caso, el organismo indicó que el plazo de dos años del artículo 53 de la Ley N° 19.880 es de caducidad, por lo que, al haber transcurrido, no procede dejar sin efecto la resolución que ordenó el cese.

¿Cuándo se considera ajustado a derecho un procedimiento de baja de un funcionario de Carabineros por conducta mala?

En este caso, la Contraloría concluyó que el procedimiento de baja se ajustó a derecho, al no advertir ilegalidad o arbitrariedad en la valoración de las pruebas del sumario ni procedencia de la invalidación solicitada.

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