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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la procedencia de llevar fich…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2017

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la procedencia de llevar fichas clínicas en soporte electrónico en el sector público de salud. Señaló que la normativa vigente, incluida la ley N° 20.584 y el decreto N° 41, de 2012, del Ministerio de Salud, permite que las fichas clínicas se registren en formato electrónico, papel u otro soporte, siempre que se asegure la integridad, confidencialidad y acceso oportuno a los datos. Precisó que no se exige un soporte determinado, por lo que cada prestador puede optar por el que estime conveniente. En cuanto a la evaluación de ventajas o desventajas del uso de fichas electrónicas en el sector público, determinó que corresponde al Ministerio de Salud, en ejercicio de su función rectora, evaluar dicha materia. Por ello, remitió copia de la presentación a esa secretaría de Estado para los fines pertinentes.

Normas citadas

  • ley 20584 art/12 inc/1
  • dto 41/2012 SALUD art/1
  • dto 41/2012 SALUD art/2
  • dfl 1/2005 SALUD art/1
  • dfl 1/2005 SALUD art/4
  • dfl 1/2005 SALUD art/7
  • ley 19880 art/14
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Las fichas clínicas en el sector público de salud pueden llevarse en formato electrónico?

Sí. La Contraloría señaló que la normativa vigente, incluida la ley N° 20.584 y el decreto N° 41 de 2012, permite registrar las fichas clínicas en soporte electrónico, papel u otro, siempre que se asegure su integridad, confidencialidad y acceso oportuno.

¿El prestador de salud puede elegir el soporte de la ficha clínica o la ley exige uno determinado?

La Contraloría precisó que no se exige un soporte determinado, por lo que cada prestador puede optar por el que estime conveniente, siempre que cumpla los resguardos de integridad, confidencialidad y acceso oportuno.

¿Quién debe evaluar las ventajas o desventajas de usar fichas clínicas electrónicas en el sector público?

En este caso, la Contraloría determinó que esa evaluación corresponde al Ministerio de Salud, en ejercicio de su función rectora, y remitió copia de la presentación a esa secretaría de Estado para los fines pertinentes.

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