El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad presentado contr…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad presentado contra los artículos 15, 16 y 26 del Decreto Ley N° 2.695, sobre regularización de la pequeña propiedad raíz. La parte recurrente sostenía que dichas normas, que permiten adquirir dominio por prescripción en dos años y cancelar derechos reales inscritos, vulneraban derechos fundamentales. El Tribunal estimó que el procedimiento administrativo de regularización constituye un mecanismo legítimo de política pública, que no afecta derechos fundamentales, pues la prescripción acelerada y la cancelación de inscripciones responden a un propósito constitucional válido de regularización de la posesión informal, con requisitos que pueden ser impugnados en sede judicial. La decisión se adoptó con el voto en contra de un ministro, quien consideró que las normas impugnadas generaban una diferenciación arbitraria y una situación de indefensión contraria a la Constitución.
Normas citadas
D.L. N° 2.695, artículos 15, 16 y 26
Constitución Política de la República, artículo 19 N° 2°
Constitución Política de la República, artículo 19 N° 3°
Constitución Política de la República, artículo 19 N° 24°
¿Es constitucional el procedimiento de regularización de la pequeña propiedad raíz del D.L. 2.695 que permite adquirir el dominio por prescripción en dos años?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad y estimó que el procedimiento de regularización es un mecanismo legítimo de política pública que no afecta derechos fundamentales. Señaló que la prescripción acelerada responde a un propósito constitucional válido y que sus requisitos pueden ser impugnados en sede judicial.
¿El D.L. 2.695 permite cancelar inscripciones de derechos reales en el Conservador de Bienes Raíces sin vulnerar el derecho de propiedad?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la cancelación de inscripciones que establece el decreto ley responde a un propósito constitucional válido de regularización de la posesión informal. Por ello, no consideró que esa cancelación vulnerara derechos fundamentales.
¿Puede impugnarse por inconstitucional la regularización de la propiedad raíz del D.L. 2.695 por generar diferenciación arbitraria e indefensión?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó la impugnación, aunque un ministro disidente consideró que las normas generaban una diferenciación arbitraria y una situación de indefensión contraria a la Constitución. La mayoría estimó que los requisitos del procedimiento pueden ser cuestionados ante los tribunales ordinarios.
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