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El Consejo para la Transparencia conoció un amparo de acceso a la información presentad…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022

Resumen

El Consejo para la Transparencia conoció un amparo de acceso a la información presentado contra la Municipalidad de Rancagua, en el que se solicitaban antecedentes vinculados a la contratación de servicios, entre ellos órdenes de compra, decretos de pago y correos electrónicos institucionales. Respecto de los documentos de contratación, el Consejo acogió parcialmente el amparo y ordenó su entrega, resguardando los datos personales que contuvieran. En cuanto a los correos electrónicos, la decisión mayoritaria rechazó su entrega, pero el voto disidente sostuvo que debió ordenarse, por tratarse de intercambios generados desde casillas institucionales en el ejercicio de funciones públicas, sin que concurriera causal de secreto o reserva ni afectación a la vida privada de terceros. El pronunciamiento fue adoptado por el Consejo Directivo y se notificó con la advertencia de que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de quince días corridos.

Normas citadas

  • Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada
  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Se pueden pedir por transparencia los correos electrónicos de funcionarios municipales?

En este caso, el Consejo para la Transparencia rechazó la entrega de correos electrónicos institucionales solicitados a una municipalidad. El voto disidente sostuvo que debió ordenarse su entrega por tratarse de intercambios generados en el ejercicio de funciones públicas.

¿Qué pasa con los datos personales al entregar documentos sobre contrataciones públicas?

En este caso, el Consejo acogió parcialmente el amparo y ordenó entregar los documentos de contratación, resguardando los datos personales que contuvieran.

¿Se puede reclamar ante la Corte de Apelaciones una decisión del Consejo para la Transparencia?

En este caso, el pronunciamiento del Consejo Directivo se notificó con la advertencia de que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de quince días corridos.

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