La Corte de Apelaciones acogió la acción de protección interpuesta por un ciudadano ext…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026
Resumen
La Corte de Apelaciones acogió la acción de protección interpuesta por un ciudadano extranjero contra el Servicio Nacional de Migraciones y la Subsecretaría del Interior, por la falta de respuesta a su solicitud de carta de nacionalización. El recurrente alegó vulneración de la garantía de igualdad ante la ley al no recibir información sobre el estado de su trámite. El tribunal razonó que el plazo de seis meses del artículo 27 de la Ley N°19.880 no es fatal y que la concesión de la nacionalización es una potestad discrecional del Presidente de la República, por lo que no puede forzarse su dictación por esta vía. No obstante, estimó que la falta de pronunciamiento vulnera el derecho de petición, por lo que acogió el recurso y ordenó a la autoridad recurrida pronunciarse sobre la solicitud dentro de un plazo de 60 días.
Normas citadas
Art. 19 numeral 2 Constitución Política de la República
Art. 19 numeral 14 Constitución Política de la República
Art. 20 Constitución Política de la República
Art. 27 Ley N°19.880
Art. 1 Decreto Supremo N°5142 de 1960
Art. 85 Ley N°21.325
acción de protecciónnacionalizaciónderecho de peticiónplazo administrativodiscrecionalidad administrativaconstituciónartículo 19artículo 27 Ley 19.880
Preguntas frecuentes
¿Se vulnera el derecho de petición si la administración no responde una solicitud de nacionalización dentro del plazo?
En este caso, la Corte de Apelaciones estimó que la falta de pronunciamiento sobre la solicitud de carta de nacionalización vulnera el derecho de petición, por lo que acogió la acción de protección y ordenó a la autoridad pronunciarse dentro de 60 días.
¿Es fatal el plazo de seis meses del artículo 27 de la Ley N°19.880 para resolver una solicitud administrativa?
En este caso, la Corte de Apelaciones razonó que el plazo de seis meses del artículo 27 de la Ley N°19.880 no es fatal. Por eso, su incumplimiento no fue el fundamento para acoger el recurso.
¿Puede un tribunal obligar al Presidente de la República a conceder una carta de nacionalización mediante una acción de protección?
En este caso, la Corte de Apelaciones sostuvo que la concesión de la nacionalización es una potestad discrecional del Presidente de la República, por lo que no puede forzarse su dictación por esta vía. Solo ordenó que se resuelva la solicitud.
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