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La Corte de Apelaciones de San Miguel acogió parcialmente un recurso de protección pres…

Sentencia · Corte Suprema · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones de San Miguel acogió parcialmente un recurso de protección presentado por una recurrente contra el Servicio Nacional de Migraciones, por la demora en resolver su solicitud de nacionalización. La recurrente denunció que la solicitud, presentada en abril de 2023, no había sido respondida, vulnerando el principio de celeridad y el plazo de seis meses establecido en el artículo 27 de la Ley 19.880. El Servicio argumentó que la demora se debía al aumento de flujos migratorios. La Corte consideró que la demora de más de un año y medio era ostensiblemente mayor al plazo legal, constituyendo una omisión ilegal que afectaba la igualdad ante la ley. En consecuencia, ordenó al Servicio Nacional de Migraciones emitir el pronunciamiento correspondiente dentro de treinta días corridos desde que la sentencia quede ejecutoriada.

Normas citadas

  • Artículo 20 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 27 de la Ley 19.880
  • Artículo 19, número 2 de la Constitución Política de la República
recurso de protecciónnacionalizaciónceleridad administrativaServicio Nacional de Migracionesprocedimiento administrativoderechos constitucionalesomisión administrativa

Preguntas frecuentes

¿Qué plazo tiene la administración para resolver una solicitud de nacionalización y qué ocurre si se excede?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que una demora de más de un año y medio en resolver la solicitud, frente al plazo de seis meses del artículo 27 de la Ley 19.880, constituye una omisión ilegal. Por ello ordenó al Servicio Nacional de Migraciones emitir el pronunciamiento dentro de treinta días corridos desde que la sentencia quede ejecutoriada.

¿Es justificación válida para demorar una solicitud administrativa el aumento de los flujos migratorios?

En este caso, el Servicio alegó el aumento de flujos migratorios para explicar la demora, pero la Corte consideró que esa razón no justificaba exceder ostensiblemente el plazo legal. Se acogió parcialmente el recurso de protección por vulneración del principio de celeridad.

¿Puede una demora administrativa afectar la igualdad ante la ley y dar lugar a un recurso de protección?

En este caso, la Corte de Apelaciones de San Miguel, en fallo que la Corte Suprema conoció, estimó que la demora constituía una omisión ilegal que afectaba la igualdad ante la ley, y acogió parcialmente el recurso de protección. Lo resuelto se fundó en el artículo 20 de la Constitución.

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