La Corte de Apelaciones rechazó la acción de protección interpuesta por un ciudadano ve…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026
Resumen
La Corte de Apelaciones rechazó la acción de protección interpuesta por un ciudadano venezolano residente en Chile contra el Servicio Nacional de Migraciones, por la demora en la tramitación de su solicitud de carta de nacionalización. El recurrente alegó vulneración a la igualdad ante la ley por excederse el plazo de seis meses de la Ley N° 19.880. El tribunal señaló que dicho plazo no es fatal y que la solicitud no estaba paralizada, sino en tramitación. Además, el actor no acreditó una afectación concreta a sus derechos, pues mantenía residencia definitiva vigente y situación migratoria regular. Se concluyó que la acción de protección tutela derechos preexistentes y no meras expectativas, y que el Servicio carece de competencia para decidir la nacionalización, correspondiendo ello al Presidente de la República. Por tanto, no existió omisión ilegal o arbitraria.
Normas citadas
Art. 19 N° 2 Constitución Política de la República
Art. 20 Constitución Política de la República
Art. 27 Ley N° 19.880
Art. 157 N° 8 Ley N° 21.325
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Preguntas frecuentes
¿El plazo de seis meses de la Ley N° 19.880 es fatal para resolver una solicitud de carta de nacionalización?
En este caso, la Corte de Apelaciones sostuvo que dicho plazo no es fatal y que la solicitud no estaba paralizada, sino en tramitación. Por eso no hubo vulneración de la igualdad ante la ley por la demora.
¿Procede la acción de protección para reclamar la demora en la tramitación de una solicitud de nacionalización?
En este caso, la Corte de Apelaciones concluyó que la acción de protección tutela derechos preexistentes y no meras expectativas. Como el recurrente no acreditó una afectación concreta, rechazó el recurso.
¿Puede el Servicio Nacional de Migraciones decidir sobre la nacionalización de un extranjero?
En este caso, la Corte de Apelaciones señaló que el Servicio carece de competencia para decidir la nacionalización, la que corresponde al Presidente de la República. Por ello, no existió omisión ilegal o arbitraria.
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