El 3er Juzgado de Policía Local de Las Condes acogió una denuncia del Servicio Nacional…
Sentencia · 3er JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE LAS CONDES · 2018
Resumen
El 3er Juzgado de Policía Local de Las Condes acogió una denuncia del Servicio Nacional del Consumidor contra una residencia para adultos mayores por no informar veraz y oportunamente el precio de sus servicios en su sitio web, infringiendo los artículos 3 inciso 1º letra b) y 30 inciso 4º de la Ley N° 19.496. Por ello, condenó a la sociedad operadora de la residencia al pago de una multa de 20 UTM y de las costas, con apercibimiento de reclusión nocturna del representante legal en caso de no pagar dentro del plazo de cinco días. La sentencia fue certificada como ejecutoriada el 6 de marzo de 2018.
Normas citadas
Ley 19.496, Art. 3 Inc. 1 Letra b
Ley 19.496, Art. 18
Ley 19.496, Art. 24
Ley 19.496, Art. 27
Ley 19.496, Art. 28
Ley 19.496, Art. 30
Ley 19.496, Art. 50
Ley 19.496, Art. 61
Sentencia DefinitivaInterés generalDenuncia infraccionalSERNAC se hizo parte
Preguntas frecuentes
¿Es infracción a la Ley del Consumidor no informar el precio de los servicios en el sitio web de una residencia para adultos mayores?
En este caso, el 3er Juzgado de Policía Local de Las Condes acogió la denuncia del Servicio Nacional del Consumidor y sostuvo que la omisión de informar veraz y oportunamente el precio de los servicios en el sitio web infringe los artículos 3 inciso 1º letra b) y 30 inciso 4º de la Ley N° 19.496.
¿Qué sanción puede recibir un proveedor de servicios que no informa precios en su página web según la Ley del Consumidor?
En este caso, el tribunal condenó a la sociedad operadora de la residencia al pago de una multa de 20 UTM y de las costas. Además, fijó un apercibimiento de reclusión nocturna para el representante legal en caso de no pagar dentro de cinco días.
¿Qué ocurre si una sentencia de un Juzgado de Policía Local por infracción a la Ley del Consumidor queda firme?
En este caso, la sentencia fue certificada como ejecutoriada el 6 de marzo de 2018, es decir, quedó firme al no haber sido impugnada. Con ello, la condena de multa y costas quedó en condiciones de ser exigida.
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