Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso a la resolución N° 732, de 2011, del C.A.D.S.R., que aplicaba a dos funcionarias la medida disciplinaria de multa equivalente al 20% de sus remuneraciones. El organismo constató que no existía constancia de que se hubiera notificado a una de las funcionarias la resolución exenta previa que le aplicaba la misma sanción, conforme a los artículos 131 y 140 de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. Tampoco se advertía que la funcionaria hubiera realizado gestiones posteriores que permitieran tenerla por notificada tácitamente, según el artículo 47 de la Ley N° 19.880. Por ello, la Contraloría concluyó que el acto no se ajustaba a derecho, afectando el derecho a defensa de la inculpada frente a las imputaciones en su contra, y representó el acto administrativo.