La Contraloría General de la República ratificó íntegramente su dictamen N° 70.086, de…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2017
Resumen
La Contraloría General de la República ratificó íntegramente su dictamen N° 70.086, de 2015, que establece que los accidentes graves y fatales de funcionarios públicos afectos a la ley N° 16.744 deben ser fiscalizados y sancionados por las entidades señaladas en el artículo 76 de esa ley, como las inspecciones del trabajo y las secretarías regionales ministeriales de salud, con prescindencia del estatuto que los rija. La entidad recurrente solicitó reconsiderar el dictamen, argumentando que constituía un cambio de jurisprudencia y que no era aplicable a un accidente fatal sufrido por un trabajador contratado bajo el Código del Trabajo. Sin embargo, el órgano contralor desestimó la solicitud, señalando que el criterio ya estaba establecido desde el dictamen N° 65.503, de 2010, y que la normativa se basa en la ley N° 16.744, no en el régimen estatutario.
Normas citadas
ley 18712 art/3
ley 16744 art/76 inc/4
ley 16744 art/76 inc/5
ley 16744 art/76 inc/6
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Quién fiscaliza y sanciona los accidentes graves o fatales de funcionarios públicos afectos a la ley 16.744?
En este caso, la Contraloría General de la República ratificó que esos accidentes deben ser fiscalizados y sancionados por las entidades del artículo 76 de la ley 16.744, como las inspecciones del trabajo y las secretarías regionales ministeriales de salud, con independencia del estatuto que rija al funcionario.
¿Aplica la ley 16.744 a un accidente fatal de un trabajador contratado bajo el Código del Trabajo dentro de un servicio público?
En este caso, la Contraloría desestimó la solicitud de reconsideración y sostuvo que la normativa se basa en la ley 16.744 y no en el régimen estatutario, por lo que el criterio también alcanza a esos trabajadores.
¿Constituye un cambio de jurisprudencia administrativa la ratificación de un dictamen que fija la fiscalización de accidentes laborales en el sector público?
En este caso, la Contraloría rechazó que hubiera un cambio de jurisprudencia, indicando que el criterio ya estaba establecido desde el dictamen N° 65.503, de 2010, y que el dictamen se mantiene íntegramente.
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