Resumen
La Superintendencia de Seguridad Social se pronunció sobre el monto de los aportes que una afiliada pensionada debe pagar al Servicio de Bienestar de los funcionarios de un gobierno regional. La recurrente sostenía que solo le correspondía cotizar el 0,5% de su pensión, y no el aporte institucional que la entidad empleadora paga por los afiliados activos. El organismo revisó el reglamento particular del Servicio de Bienestar, aprobado por un decreto supremo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que establece que los afiliados pensionados deben aportar el 0,5% de su pensión y, además, igualar la cuota mensual que la institución empleadora contempla para cada afiliado activo. La Superintendencia concluyó que el aporte institucional, que respecto de los activos es de cargo de la entidad empleadora, en el caso de los pensionados es de cargo de estos mismos, porque deben suplir el aporte que la institución efectúa por sus funcionarios activos y porque la entidad empleadora no está legalmente facultada para financiarlo respecto de jubilados, conforme al decreto ley que regula los aportes de las entidades empleadoras a los servicios de bienestar. Así, desestimó la pretensión de la recurrente.