Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre un reclamo que cuestionaba la actuación en juicio de un funcionario de la Fiscalía Nacional Económica, por estimar que podría configurar alguna inhabilidad o incompatibilidad legal. El organismo concluyó que la medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes de las empresas representadas por el reclamante no constituye un acuerdo o práctica concertada entre competidores, ni una explotación abusiva de posición dominante, ni una práctica predatoria o de competencia desleal, y tampoco se advierte que derive en una materia específica o caso concreto que deba ser analizado, informado o resuelto por el funcionario o por la repartición. Por ello, no se configura alguna de las inhabilidades alegadas. Sin perjuicio de lo anterior, el dictamen deja a salvo la facultad de la Fiscalía Nacional Económica para ponderar, dentro de sus atribuciones en materia de libre competencia, si la conducta objetada puede infringir las prohibiciones referidas y, en su caso, ordenar un procedimiento disciplinario para establecer eventuales responsabilidades administrativas.